El venezolano habría sido parte de un esquema financiero utilizado para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua, como extorsiones, tráfico de drogas y contrabando
Un operativo llevado a cabo este martes en Chile dejó al descubierto una presunta red de lavado de activos vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, que habría movilizado más de 78 mil millones de pesos chilenos a través de distintas operaciones financieras.
En el marco de la denominada “Operación Tokio”, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 18 personas en allanamientos simultáneos en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Biobío.
Entre los arrestados se encuentra un ciudadano venezolano identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien se desempeñaba como ejecutivo en una sucursal bancaria del centro de Santiago.
De acuerdo con la investigación, el funcionario habría sido parte de un esquema financiero utilizado para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua, como extorsiones, tráfico de drogas y contrabando. Los recursos habrían sido transferidos incluso hacia otros países mediante mecanismos digitales y cuentas bancarias interconectadas.
El imputado trabajaba desde hace varios años en el sistema bancario chileno y, según antecedentes del caso, habría sido incorporado a la red criminal mientras ya ejercía funciones en la entidad financiera.
La indagatoria se originó en 2024 a partir de diligencias relacionadas con un quíntuple homicidio ocurrido en Lampa. En ese contexto, los investigadores hallaron evidencia digital que permitió rastrear contactos y movimientos de dinero asociados al esquema investigado.
Según la Fiscalía, parte de los fondos habría sido enviada a cuentas vinculadas a presuntos líderes de la organización, incluyendo a un individuo identificado como uno de los principales operadores del grupo en la región.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, destacó el impacto del operativo, señalando que se trata de uno de los golpes más significativos contra el financiamiento de la organización criminal en el país, al afectar directamente su patrimonio.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la magnitud total de la red y la eventual participación de otras personas en el sistema de lavado de activos.