El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, denunció el derrame de hidrocarburos en las costas del país provenientes de Trinidad y Tobago, y en ese sentido, exigió al Gobierno de ese país la indemnización por los daños ecológicos.
Asimismo, hizo una alerta importante ante la comunidad nacional e internacional acerca del daño causado por esta situación. “Llevamos ya varias semanas trabajando con relación a un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, que ocurrió a finales del mes de abril”, dijo.
Indicó que fue emitido un comunicado el pasado 9 de mayo, donde “expresábamos dicha preocupación, porque después de haber ocurrido más de una semana de este derrame, desde los primeros reportes de este siniestro, no habíamos sido notificados, ni informados de ningún tipo por parte de las autoridades trinitarias”.
Recalcó que hasta el momento se desconoce el origen del derrame, «esto es sumamente grave, no solo la ocurrencia del propio derrame, sino la falta de información que el Gobierno de Trinidad está obligada a otorgar con base a los convenios internacionales».
En este sentido, señaló que ha habido una afectación en todo el territorio del oriente del país, que incide directamente sobre la pesca y acuicultura, es decir, más de 500 pescadores han sido afectados. “Ha habido una afectación económica y ambiental, donde más de 140 especies se han visto comprometidas”.
De igual forma, ratificó que el equipo del Gobierno nacional se ha desplegado para tener información sobre el sistema de monitoreo del país, donde, a través de las distintas unidades de respuesta y el Poder Popular, se ha logrado atender el 70 % de la situación, lo que corresponde a más de 12 toneladas de este producto químico. “La situación está en curso de mitigación; sin embargo, tenemos que insistir en la responsabilidad que tiene el Gobierno de dicho país y las empresas que hacen vida en la región”.
Recordó que entre 2015 y 2023 han ocurrido más de 876 derrames de crudo; es por ello que el Gobierno de Trinidad y Tobago está en la obligación de, primero, reportar inmediatamente al Gobierno de Venezuela sobre la ocurrencia de cualquier incidente de este particular; en segundo lugar, se debe información del tipo de producto derramado y las labores de mitigación que se hacen. “Ellos están obligados a otorgar información; los obligan los convenios internacionales”, insistió.
Por último, señaló que han enviado distintas comunicaciones a dichas autoridades para evaluar el impacto y exigir, como mandan los convenios internacionales, la indemnización correspondiente en referencia a este tipo de incidentes.
«Hoy exigimos responsabilidad al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre esta afectación ambiental. Hemos ampliado un reporte de todos las afectaciones. Venezuela exige resarcimiento por estos daños», concluyó el canciller.