El exasesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, se presentó este viernes ante un tribunal federal en Maryland, tras ser imputado por presunto manejo indebido de información clasificada, cargos que él y su defensa niegan rotundamente.
Bolton, quien fuera una de las figuras clave durante los primeros años del gobierno de Trump y luego se convirtió en uno de sus críticos más vocales, enfrenta 18 cargos penales: ocho por transmisión no autorizada de información de defensa nacional y diez por su retención.
Acompañado por su abogado, Abbe Lowell, Bolton llegó a primera hora de la mañana a la corte. Optó por no emitir declaraciones públicas, en lo que marca el inicio de un proceso judicial que se prevé complejo, dadas las características confidenciales del material presuntamente comprometido.
De ser hallado culpable, Bolton podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cada uno de los cargos que se le imputan.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional (2017–2019), Bolton habría escrito un diario personal que incluía información clasificada y conversaciones sensibles sostenidas en la Casa Blanca. Parte de ese contenido habría sido compartido con dos personas cercanas, quienes colaboraron en la elaboración de su libro de memorias, publicado en 2020.
Los fiscales alegan que el material fue enviado por correo electrónico personal, el cual habría sido intervenido por hackers vinculados al gobierno iraní, lo que podría haber comprometido seriamente la seguridad nacional.
El exfuncionario sostiene que es víctima de una ofensiva judicial por parte de un Departamento de Justicia politizado, al que acusa de actuar como herramienta de venganza de Trump contra sus opositores.
Su defensa ha negado que haya almacenado o compartido documentos clasificados y asegura que ya en el pasado las autoridades habían descartado cargos similares por la publicación de su libro.
Con esta imputación, Bolton se convierte en el tercer alto funcionario crítico de Trump procesado en menos de un mes, junto al exdirector del FBI James Comey, acusado por obstrucción, y la fiscal general de Nueva York Letitia James, a quien se le imputan cargos federales por presunto fraude financiero.