La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente una nueva solicitud de extradición activa contra la venezolana María Violeta Agüero Bravo, de 38 años, quien es requerida por las autoridades del país para enfrentar un juicio por los presuntos delitos de estafa y agavillamiento.
La decisión, contenida en la sentencia N.º 327, responde a la reciente detención de Agüero Bravo en Italia, luego de que anteriormente fuera arrestada en Madrid, España, el 30 de enero de 2023, en ambos casos tras una notificación roja emitida por Interpol a solicitud de Venezuela, informa el periodista Eligio Rojas, a través de Últimas Noticias.
La orden internacional de captura se sustenta en una medida de aprehensión dictada por el Tribunal 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas, que investiga a la mujer por un supuesto fraude cometido junto a su esposo, Luis Daniel Fernández Albarrán, y otros dos ciudadanos identificados como César Casal Pallares y Cristian Farfán Ruiz.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían convencido a una víctima de invertir 203.000 dólares para adquirir el 70 % de las acciones de la empresa Manatha Boutique, ubicada en un centro comercial de Barquisimeto, estado Lara. Como parte de la propuesta, aseguraron que ese dinero sería utilizado para desbloquear más de tres millones de euros que, supuestamente, mantenían retenidos en una entidad financiera de Portugal.
La víctima realizó dos transferencias bancarias a cuentas de los otros presuntos involucrados. Sin embargo, al vencer el plazo acordado para recuperar la inversión, comenzó a solicitar explicaciones. Los señalados afirmaron encontrarse en Estambul, Turquía, rumbo a Portugal, aunque posteriormente se determinó que estaban en Punto Fijo, estado Falcón. Tras perder contacto con ellos, el afectado presentó una denuncia ante la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana en junio de 2022.
Como resultado de la investigación, el Ministerio Público solicitó la orden de captura que dio origen al proceso judicial y a la activación de la alerta roja de Interpol.
Tras la captura de Agüero Bravo en España, el TSJ declaró procedente su extradición en febrero de 2024. No obstante, las autoridades españolas rechazaron la entrega de la ciudadana venezolana y posteriormente la dejaron en libertad.
Según la sentencia, Interpol notificó a Venezuela en abril de este año sobre una nueva detención de Agüero Bravo, esta vez en territorio italiano, lo que motivó el inicio de un nuevo procedimiento de extradición.
Al analizar nuevamente el caso, la Sala Penal concluyó que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito entre Venezuela e Italia en 1930.
Asimismo, los magistrados señalaron que los hechos investigados corresponden a delitos comunes y no tienen carácter político. «De manera que se descarta que el presente procedimiento de extradición activa se corresponda con delitos políticos o conexos a estos», indica la decisión judicial.
Con base en esos elementos, el máximo tribunal determinó que «hay razones suficientes de hecho y de derecho» para que María Violeta Agüero Bravo sea entregada a Venezuela y procesada por los delitos que le atribuye la justicia venezolana.